Si la justicia juzga al pueblo, el pueblo debe ser parte de la justicia : el caso del juicio por jurados en Córdoba

Abstract

El status de ciudadanía y de pleno ejercicio de los derechos políticos supone la capacidad potencial de juzgar. Esto es sin duda consecuencia de una forma de gobierno que es auto gobierno, es decir, de una sociedad emancipada de la minoría de edad. La autonomía o mayoría de edad- implica un doble aspecto: el reconocimiento de legitimidad de las normas, y por tanto la decisión de obedecerlas, e implica la instancia de ser legislador, de darse a sí mismo las leyes (Kant). Juzgar es un derecho político, no sólo de algunos sino de todos, ya que reconocer la capacidad para ser ciudadano implica también reconocer la capacidad de juzgar. Sin embargo, en el caso del juicio jurídico este derecho de juzgar basado en el principio de soberanía popular, se ha transformado en patrimonio exclusivo de la corporación de los expertos en derecho. Se trata de un esfuerzo que conduce a neutralizar el valor político de la decisión judicial y que busca tecnificar lo que primariamente es un bien accesible a todos, principalmente a aquellos a quienes se les impone su normatividad. La consecuencia es la "alienación del derecho", haciendo del ciudadano un extranjero frente a su propia ley. Esta alienación implica un factor de deslegitimación de la "justicia judicial". La incorporación de ciudadanos en el ejercicio del poder de decisión penal se plantea como un factor de legitimación política, ya que la capacidad de juzgar y el discernimiento implican una valla contra el totalitarismo (Arendt, 1982). Representa parcialmente la devolución del poder punitivo, hoy en mano de los jueces profesionales, a los ciudadanos (Maier, 2013) En el presente trabajo nos proponemos examinar, desde la experiencia de Córdoba, las implicancias político-democráticas que la figura del juicio por jurado plantea, analizando con particular detenimiento los alcances y limitaciones que el proceso de deliberación conlleva en tales prácticas.