Capítulo IV. Trabajo sexual en tiempos de COVID-19. Debates y políticas públicas

Abstract

La pandemia por COVID-19 supuso por parte de los estados la generación de diversos dispositivos de abordaje. Para el caso de Argentina, se dispuso un período de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) con el objetivo de ralentizar los contagios y preparar el sistema de salud para dar respuesta, posterior al cual se fueron efectuando una serie de habilitaciones progresivas (que en función de la cantidad de contagios se autorizaban o se volvían a deshabilitar) en el marco de una política de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). El presente capítulo se redacta considerando este escenario, y recuperando para ello lo acontecido en el período que va de marzo a noviembre de 2020. Durante este período se pusieron de relieve las dificultades para garantizar las necesidades básicas de los sectores más vulnerabilizados y con mayores niveles de exclusión de la sociedad. Uno de esos sectores es el de las trabajadoras sexuales, quienes desarrollaron distintas estrategias de supervivencia a partir de su organización colectiva. En este contexto, el Estado sostuvo un trato ambiguo hacia el sector y las políticas públicas alcanzaron el punto máximo de tensión a partir del registro de trabajadores/as de la economía popular, y la inclusión -y súbita exclusión- de la categoría de trabajadoras sexuales en el mismo. Este hecho, reinstaló un debate acerca del reconocimiento de la actividad que dejó atrás los lazos solidarios de ayuda y sostenimiento de quienes más padecen la pandemia.