Igualdad desatada. La exigibilidad de los derechos sociales en la Constitución argentina

Abstract

Desde hace más de medio siglo, la Constitución argentina incluye derechos sociales. Cada habitante de nuestro país tiene derecho a la vivienda, la alimentación, las condiciones dignas de trabajo, la salud y la educación, entre muchos otros. Sin embargo, no se suelen denunciar la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición o la explotación como violaciones de derechos. ¿Por qué la Constitución no ha logrado convertirse en una herramienta más para los movimientos políticos y sociales? En parte, porque un amplio arco de juristas ha elaborado argumentos para disminuir la jerarquía, la eficacia o el alcance de los derechos sociales. Estas razones se han convalidado luego en decisiones judiciales y circulan en las discusiones políticas. Este libro sostiene la exigibilidad de los derechos sociales en la Constitución argentina. Frente a su violación o incumplimiento, hay mecanismos jurídicos para reclamar su vigencia efectiva. No dependen de la buena voluntad del gobierno o de personas privadas, ni representan una concesión o una dádiva. En particular, se analiza la legitimidad y conveniencia de la intervención judicial en la materia. En la fundamentación de sus conclusiones, el libro revisa exhaustivamente los argumentos de los juristas argentinos y las decisiones de la Corte Suprema, además de obras y sentencias extranjeras, junto a los documentos de organizaciones internacionales. Repasa el proceso de incorporación de los derechos sociales en la Constitución argentina y propone una base teórica para integrar estos derechos en un modelo de democracia deliberativa. El original fue entregado a la editorial en septiembre de 2011. Fue aprobado para su publicación, tras un referato positivo, en diciembre de 2011. Luego, al demorarse su edición, el autor solicitó actualizar el texto. En esa actualización y ampliación, analiza un importante fallo de la Corte Suprema en materia de vivienda, el informe final sobre Argentina emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y la inminente entrada en vigor del Protocolo Opcional del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La versión actualizada fue entregada en noviembre de 2012 y entró inmediatamente en prensa.