Análisis de la reforma del impuesto a las ganancias: aspectos legislativos controvertidos y la violación a los principios de la tributación
Abstract
El impuesto a las Ganancias ha sido objeto fundamental de la política tributaria argentina en los últimos diez años. La naturaleza personal del impuesto y en consecuencia, la particularidad de que la carga fiscal se puede adecuar a la situación individual y familiar del contribuyente convierte a éste, en el gravamen progresivo por excelencia de cualquier
sistema tributario.
No obstante ello, año tras año en nuestro país, desde distintos ámbitos sociales y sindicales se presiona para eliminarlo, transformándolo en un factor de disputa política que desvirtúa su naturaleza.
En este marco, a través del decreto 1472/2013 el Poder Ejecutivo de la Nación promulgó la Ley 26893 (BO: 23/9/2013) que introduce modificaciones en el impuesto a las ganancias con el objeto de incorporar en el ámbito del gravamen los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores y bienes muebles amortizables, así como también los dividendos y utilidades distribuidos.
El decreto que reglamenta y precisa el alcance de la reforma introducida por la mencionada ley, se produce a más de 4 meses de la sanción de la misma, en atención a las lagunas e incongruencias que presentaba en lo atinente a las rentas financieras. Finalmente con fecha 20/12/13 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 2334/2013 y lo publicó en el Boletín
Oficial el 07/02/2014.
La reforma implementada tuvo como fundamento (de acuerdo al mensaje Nº 1243 de fecha 27/08/2013, que fuera elevado al Honorable Congreso de la Nación), lograr: 1. Medidas para incrementar respecto de las rentas de la 4ta. categoría – Rentas del trabajo personal mencionadas en los incisos a); b) y c) del artículo 79 de la citada Ley, las deducciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la citada norma.
2. La ampliación del alcance del tributo, en consideración a los principios constitucionales de generalidad e igualdad en la tributación.
3. Lograr un mayor equilibrio fiscal, redistribuyendo la carga tributaria, eliminando distorsiones económicas y generando recursos necesarios para el financiamiento del gasto y la inversión pública.
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