Políticas de seguridad y fuerza policial

Abstract

No es posible comenzar un informe de Derechos Humanos en Córdoba sin hacer referencia al autoacuartelamiento policial del 3 y 4 de diciembre de 2013. En el informe 2013, hablamos de las malas condiciones de trabajo de la base de la pirámide policial. Dos hechos profundizaron esta situación. El primero, las modificaciones que la entonces ministra Monteoliva operó sobre los adicionales por patrullaje. El segundo, el intento de poner límites a los pagos en negro y en mano —es decir, sin ningún tipo de contabilidad institucional— que se realizaban a los adicionales (la chispa). Estos intentos por tratar de transparentar la gestión, fueron acompañados por la denuncia a quien fuera el último jefe de la Policía del ministro Alejo Paredes, por la contratación directa de empresas de repuestos para los móviles policiales. Sin embargo, la necesaria consideración sobre las condiciones de trabajo no puede dejar de lado la gravedad de lo que sucedió esos dos días, cuando lo que se puso en crisis fue toda una política de seguridad construida por más de 15 años centrada en el incremento exponencial de un personal policial poco profesionalizado y mal pago, cuyas estrategias de relegitimación se centraron en la profundización de la violencia estatal.