Abstract
El presente trabajo pretende analizar alternativas de acciones que puede llevar adelante el Estado a fin de garantizar la efectiva protección de la mujer trabajadora, yendo más allá del control del cumplimiento de las normas protectorias, haciendo más justa la distribución del costo del goce de esos derechos y generando un verdadero aliciente para la contratación de la mujer, que inclusive la torne más beneficiosa.