Los conflictos socio-ambientales y políticas públicas ambientales en el contexto del agro-negocio cordobés

Abstract

El presente trabajo de investigación partió del interés por conocer y comprender las representaciones sociales sobre las políticas públicas ambientales de la provincia de Córdoba. A fin de delimitar la población objeto de estudio, seleccionamos tres conflictos socio-ambientales que tienen lugar en dicha provincia, a saber: desmonte y ordenamiento del bosque nativo; pulverizaciones en cercanías de zonas urbanas, concretamente el caso de barrio Ituzaingó Anexo y el conflicto por la instalación de Monsanto en la comunidad de Malvinas Argentinas. En el marco de los mencionados conflictos, centramos nuestra atención en aquellas asociaciones que, de una u otra manera, buscan incidir en las elites de poder.

Para lograr cumplimentar el objetivo propuesto, realizamos entrevistas en profundidad a miembros de las diferentes asociaciones que se encuentran involucradas en algunos de los tres conflictos socio-ambientales señalados. Desde el paradigma interpretativo, trabajamos con una metodología cualitativa y recuperamos algunos de los elementos centrales de la teoría fundamentada. Con estas herramientas procedimos a realizar el análisis de los datos recolectados durante el trabajo de campo.

El análisis de los datos nos posibilitó reconocer tres tipos de asociaciones insertas en los conflictos socio-ambientales, a saber: las organizaciones proteccionistas, que consideran que la naturaleza debe ser un sujeto de derecho y trabajan en pos de garantizar los mismos; las organizaciones de derechos socio-ambientales, que trabajan para comunidades que han visto violentados sus derechos producto de una contaminación ambiental; y los colectivos asamblearios “pro-vida”, que se constituyen de manera espontánea para proteger la calidad de vida y del ambiente de las personas que conforman la entidad.

Consideramos que las organizaciones mencionadas comparten en común la característica de emerger en un contexto signado por una deuda ambiental de los países ricos para con los “sub-desarrollados” (Martínez Alier, 2004). No obstante, reconocemos que las tres entidades identificadas se diferencian por su contexto y particularidades de emergencia, así como por su estructura organizativa interna. Admitimos que las particularidades que asume una y otra entidad se encuentra en estrecha relación con la trayectoria de vida de quienes conforman esas entidades.

Asumimos que las trayectorias de vida de las personas así como las particularidades que asuman las entidades, son claves a la hora de comprender las diferentes maneras de ver al Estado que tienen los sujetos. Esto es lo que permite tomar conocimiento sobre las diferentes estructuras de oportunidades percibidas y en consecuencia el actuar de las asociaciones en materia de incidencia en políticas públicas. Las organizaciones proteccionistas y de derechos socio-ambientales poseen una concepción institucional del Estado e implementan mecanismos de incidencia institucionalizados. Mientras que los colectivos asamblearios “pro-vida” tienen una concepción crítica del Estado y recurren a mecanismos disruptivos de incidencia.

A partir del recorrido analítico, concluimos que los conflictos socio-ambientales analizados, entendidos como conflictos políticos, son ejemplares para develar que detrás de cada una de las luchas existe una postura crítica hacia el sistema-mundo moderno/colonial capitalista-extractivo, el que acentúa la colonialidad del poder, del ser y del saber mediante los dispositivos disciplinarios de la modernidad (Castro Gómez, 2011) que se amparan en el monopolio de violencia Estatal (Harvey, 2004) y en las representaciones hegemónicas del mundo social.